Pide que la concejala de Personal y el alcalde, ausente ayer en el pleno, asuman responsabilidades y expliquen el coste económico de este caso para los vecinos

• Defiende que el Ministerio Público determine si la resolución de la edila Marta Figueroa fue arbitraria y “a sabiendas de que lo que hacía era ilegal”, ya que había sido advertida por la secretaria municipal.
• Izaskun García, portavoz del PP: “Cuando un alcalde y una concejala actúan sabiendo que lo que hacen no es legal, eso merece una investigación seria, independiente y con garantías”.

El Partido Popular de Culleredo apoyó en el pleno celebrado ayer remitir a la Fiscalía de A Coruña la documentación relativa a la suspensión provisional de funciones por seis meses del jefe del Servicio de Obras del Concello, sanción que anuló primero un juzgado y después el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El objetivo es que investigue y determine si la concejala de Personal, Marta Figueroa, incurrió en un posible delito de prevaricación administrativa al actuar a sabiendas de que lo que hacía era ilegal.

La portavoz popular, Izaskun García, recordó en el pleno que las cuatro sentencias judiciales que han dado la razón al funcionario afectado son “clarísimas y muy contundentes”. La secretaria municipal advirtió por escrito de la nulidad de la suspensión y, pese a ello, la concejala le respondió por correo electrónico: “Se mantiene en los mismos términos”. “Eso no es un error. Es actuar conscientemente contra la legalidad”, señaló García, quien aseguró que “mientras el gobierno local se hace la víctima, los vecinos pagan costas, indemnizaciones y sufren una administración paralizada, sin personal suficiente”. “Cuando un alcalde y una concejala actúan sabiendo que lo que hacen no es legal eso merece una investigación seria, independiente y con garantías. No vamos a formar parte de un silencio cómplice. Si no hay responsabilidades penales, que lo diga la Fiscalía; si las hay, que se depuren”, añadió.

El PP insistió de nuevo ayer en que Figueroa fuera cesada o, en su defecto, que el alcalde, José Ramón Rioboo, asumiese personalmente la responsabilidad política. Los populares reclamaron, además, que se explique públicamente quién tomó las decisiones, por qué se ignoraron los informes jurídicos y qué coste económico ha supuesto este caso para las arcas municipales.

Sin embargo, Rioboo no acudió ayer al pleno –una vez más–, dejando sola a su concejala y evitando así dar explicaciones sobre este asunto a los vecinos de Culleredo. Desde el PP señalaron que “quien bloquea Culleredo no es la oposición, sino un gobierno que ignora informes, pierde juicios y malgasta el dinero público”. “No judicializamos la gestión municipal, no estamos hablando de licencias o planes especiales. Lo que exigimos es no saltarnos la ley y eso no es bloquear, es exigir lo mismo que se exige a cualquier vecino. Lo que no podemos es callar ante la ilegalidad y el abuso de poder”, aseguró la portavoz popular.