El PP exige explicaciones sobre si el Concello no se acogió por el caos organizativo o por no cumplir con los requisitos al tener el contrato caducado desde 2017

• Es el único municipio de la provincia que renuncia a sumarse al convenio histórico de Xunta y FEGAMP que eleva un 50% los fondos del servicio de atención domiciliaria a mayores y personas dependientes.
• Izaskun García: “Los perjudicados son los vecinos que necesitan cuidados y las familias que necesitan apoyo en casa”

El PP de Culleredo denunció hoy que el gobierno de José Ramón Rioboo ha dejado al concello fuera del mayor incremento de financiación social aprobado en Galicia para la atención domiciliaria a mayores y personas dependientes, después de no adherirse al acuerdo alcanzado entre la Xunta y la FEGAMP para aumentar un 50% la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Los populares alertan de que el gobierno municipal renuncia así a recibir cerca de 700.000 euros destinados a reforzar este servicio en Culleredo, que se convierte además en el único concello de la provincia coruñesa que no se suma al convenio.

La portavoz del PP, Izaskun García, califica la situación de “gravísima” y exige explicaciones inmediatas al gobierno de Rioboo. “No hablamos de una ayuda menor. Hablamos de dinero para atender a personas que necesitan apoyo en su día a día. Y Culleredo se ha quedado fuera mientras todos los demás concellos de la provincia sí hicieron los deberes”, afirma.

El acuerdo entre la Xunta y la FEGAMP permite incrementar progresivamente la financiación autonómica del SAF, pasando de 12 a 16 euros por hora en 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, hasta alcanzar los 18 euros por hora en 2028.

El PP recuerda también que la orden publicada en el DOG daba a los ayuntamientos un mes de plazo para sumarse al convenio y exigía declarar formalmente que el servicio se presta en condiciones de homogeneidad, calidad y estandarización. Por ello, los populares reclaman al gobierno local que explique con claridad qué ha ocurrido: si Culleredo quedó fuera por el caos organizativo y no fue capaz de tramitar la adhesión en plazo o no se acogió porque no podía garantizar los requisitos exigidos al tener el contrato del SAF caducado desde 2017. “Las dos posibilidades son muy graves y, en cualquier caso, los vecinos merecen una explicación”, señala.

Los populares consideran que esta situación vuelve a demostrar el deterioro de la gestión municipal y advierten de que Culleredo sigue perdiendo oportunidades, ayudas y financiación por el descontrol del gobierno local. “Las consecuencias las pagan los vecinos. Y ahora los perjudicados son las personas que necesitan cuidados y las familias que necesitan apoyo en casa”, subraya la portavoz del PP.